El 19 de marzo, los legisladores de Hong Kong aprobaron por unanimidad una ley de seguridad que puede no sólo socavar su reputación como centro internacional de negocios, sino también amenazar aún más las libertades en la ciudad gobernada por China. Aprobada a los quince días de su presentación inicial en el Consejo Legislativo, el 8 de marzo, la ley, también conocida como artículo 23, ha introducido una serie de nuevos delitos contra la seguridad nacional, como traición, espionaje, injerencia externa y robo de secretos de Estado. Algunos de ellos conllevan penas de prisión, incluso de cadena perpetua. 

Esta "precipitada" legislación ha sido duramente criticada públicamente por países de todo el mundo, como Australia, Japón, Estados Unidos y Taiwán, entre otros. Algunos de estos países también han actualizado sus advertencias de viaje a Hong Kong, aconsejando a sus ciudadanos que actúen con precaución si planean viajar a esta RAE (Región Administrativa Especial) de China. 

¿Qué dice la ley? 

El proyecto de ley de 212 páginas, que se entiende como un intento de los legisladores pro-Pekín de "tapar" las lagunas de seguridad nacional, entró en vigor el 23 de marzo. La ley penaliza todo lo que se considere secesión, subversión, terrorismo, espionaje, así como la injerencia exterior en los asuntos de Hong Kong. Los delitos que pongan en peligro de algún modo la seguridad nacional se castigan con cadena perpetua. En caso de espionaje y sabotaje (incluidos los ciberataques), la pena máxima es de hasta 20 años de cárcel. 

Además, el artículo 23 también permite los juicios "a puerta cerrada". En consecuencia, se amplían los poderes de la policía para permitir la detención de sospechosos durante un máximo de 16 días sin cargos y restringirles el derecho a reunirse con abogados. Incluso después de que se haya concedido la libertad bajo fianza, se pueden restringir los movimientos y las comunicaciones de la persona. Si se descubre que organizaciones y empresas "trabajan para fuerzas extranjeras", se les puede prohibir operar en la RAE de China. En este caso, las fuerzas extranjeras o externas podrían incluir gobiernos extranjeros, organizaciones políticas o individuos; alguien declarado culpable de colaborar con éstas para interferir con las autoridades nacionales y/o locales puede ser condenado a cadena perpetua.  

Además, en cualquier caso de "circunstancias imprevistas", los legisladores de Hong Kong tienen plena autoridad para crear y castigar nuevos delitos. Estas normas se aplicarán también a las acciones que se produzcan fuera de Hong Kong (tanto por parte de residentes como de empresas). 

Otras disposiciones que hay que tener en cuenta son:

• Traslado de algunos casos para ser juzgados en el continente. Algunos juicios se celebrarán a puerta cerrada (en Hong Kong).
• Hay que crear una comisión de seguridad nacional, con un asesor nombrado por Pekín, para hacer cumplir las leyes. 
• Pekín tiene la última palabra sobre la interpretación de la ley. Si la ley entra en conflicto con cualquier ley de Hong Kong, la ley de China tiene prioridad. 
• Las ONG y agencias de noticias extranjeras serán estrictamente vigiladas. 
• Cualquier destrucción o daño a las instalaciones de transporte público se clasificará como terrorismo.
• Los sospechosos de infringir la ley serán sometidos a una fuerte vigilancia, ellos también pueden ser espiados. 
• Quienes sean declarados culpables en virtud del artículo 23 ya no podrán presentarse a cargos públicos.
• La ley también es aplicable a los residentes no permanentes y a las personas "de fuera de Hong Kong que no sean residentes permanentes".  

Situación actual en Hong Kong

Es importante señalar que no es la primera vez que se presenta una ley de este tipo para que entre en vigor. Ya en 2003, los legisladores habían intentado aprobar el artículo 23, pero las críticas generalizadas de la opinión pública (más de 500.000 personas protestaron) hicieron que se desechara por completo.

Esta vez, sin embargo, el ambiente en Hong Kong es muy diferente. La opinión pública parece haber enmudecido debido a la represión en materia de seguridad. La gran mayoría de las personalidades prodemocráticas de la ciudad están en prisión, condenadas o acusadas en virtud de la ley de seguridad nacional de 2020. Los restantes se han escabullido al extranjero. Como resultado, la asamblea legislativa de Hong Kong carece de políticos de la oposición partidarios de la democracia. 

En esta ocasión, la consulta pública duró sólo 28 días, dos meses menos que en el primer intento de 2003. En cuanto a los comentarios recibidos durante el periodo de consulta, el gobierno declaró que 98% "mostraron su apoyo" a la nueva ley y sólo 0,7% expresaron su descontento. Además, la asamblea legislativa convocó sesiones extraordinarias para la primera y segunda lectura del proyecto de ley el 22 de marzo y en tres horas se presentó. 

Esta "vía rápida" fue impulsada por John Lee, Jefe del Ejecutivo de Hong Kong (también conocido como líder de la RAE), quien dijo a los legisladores que aprobaran la ley "a toda velocidad". 

Lee declaró más tarde que la ley es necesaria para "prevenir la violencia de los vestidos de negro". Esto era claramente una referencia a las masivas y a veces violentas protestas prodemocráticas de 2019, cuando cientos de miles de ciudadanos de Hong Kong marcharon por las calles exigiendo una mayor autonomía del control de Pekín. 

Está prevista una tercera lectura de la ley, pero las autoridades aún no han anunciado fecha ni hora. 

Reacción mundial al artículo 23

Aunque a muchos países les preocupa que la ley pueda dañar gravemente la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional, muchos creen también que podría socavar los "derechos y libertades" de los habitantes de la ciudad. 

Australia, Japón, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos han expresado enérgicamente su oposición a la ley. Algunos de estos países también han actualizado recientemente sus advertencias de viaje a Hong Kong, aconsejando a sus ciudadanos que actúen con precaución si visitan la RAE de China. En algunos países, como Australia, Gran Bretaña, Canadá, Japón y Estados Unidos, se han iniciado acciones de protesta. En Taiwán, decenas de activistas de Hong Kong, Taiwán y Tíbet se reunieron en lugares turísticos populares y denunciaron públicamente la medida de la administración hongkonesa. 

No sólo los países, sino también varios grupos de defensa y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por algunos aspectos del artículo 23, como la amplitud de delitos como la "injerencia externa". Según la directora para China de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, este delito en concreto puede enjuiciar a activistas que interactúen o se comuniquen con personas u organizaciones extranjeras. Independientemente del tema de discusión, tal interacción se considerará "que pone en peligro la seguridad nacional". Por otra parte, el Consejo para la Democracia de Hong Kong, con sede en el extranjero, ha hecho pública una declaración conjunta en la que pide que se impongan sanciones a los funcionarios de Hong Kong y China implicados en la tramitación acelerada de la ley y solicita, además, que se revise la situación actual de las Oficinas Económicas y Comerciales de Hong Kong en todo el mundo. 

"Es alarmante que una legislación tan trascendental haya sido aprobada a toda prisa por el poder legislativo mediante un proceso acelerado, a pesar de las serias preocupaciones suscitadas por la incompatibilidad de muchas de sus disposiciones con el derecho internacional de los derechos humanos", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en un comunicado. 

Respuesta de Hong Kong y China 

Sin embargo, a pesar de la fuerte oposición, las autoridades de Hong Kong y China han "condenado enérgicamente estas maniobras políticas con comentarios sesgados, que tergiversan los hechos, alarmismos y propagan el pánico". China también arremetió contra los detractores de la ley, e incluso acusó al Reino Unido y a la Unión Europea de ser "hipócritas" y aplicar un "doble rasero". 

Los comentarios se produjeron cuando el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, mencionó que la legislación ha comprometido la Declaración Conjunta Sino-Británica, un acuerdo internacional vinculante firmado en 1984 en virtud del cual Pekín aceptó gestionar Hong Kong bajo el principio de "Un país, dos sistemas". 

 "El Reino Unido ha estado haciendo comentarios incendiarios e irresponsables sobre la situación de Hong Kong... todo se debe a su arraigada mentalidad de colonizador y predicador", declaró el comisario de Asuntos Exteriores de Pekín en un comunicado.

En el ámbito nacional, el Ministro de Justicia de Hong Kong ha declarado que los ciudadanos que se dediquen a reenviar y expresar repetidamente su acuerdo con las críticas del extranjero serán considerados culpables de incitar al odio contra las autoridades. 

"Digamos que en situaciones extremas, si alguien volviera a publicar repetidamente [críticas del extranjero] en Internet y mostrara su acuerdo -y que añadiera comentarios simplemente para incitar el odio de otras personas hacia Hong Kong y el gobierno central-, entonces, por supuesto, habría riesgo", dijo Paul Lam en una entrevista televisada. 

Sin embargo, lo que queda por ver ahora es si esta ley draconiana, tal y como la califican los medios de comunicación internacionales, logrará "garantizar la prosperidad y estabilidad (de Hong Kong)" o supondrá un profundo desafío al orden internacional que amenace con deteriorar aún más las relaciones entre China y el resto del mundo. 

Síguenos y dale me gusta: